Tuesday, 25 June 2019
El halconazo se mantiene impune PDF Print E-mail
Según Edilberto López


Por: Vladimir A. Almanza / EL BOQUEÑO

A 40 años de la matanza del 10 de junio de 1971, nuevamente surge la pregunta: ¿Dónde están los responsables? En México esta fecha se ha tornado (además del 2 de octubre de 1968) como la más vergonzosa y desprestigiada de su historia, la cual aún después de 4 décadas, sigue impune. Evento en el que a semejanza de un aborto, la madre patria mató a sus hijos.

Si alguien nos puede orientar sobre este trágico episodio nacional, sin duda es el licenciado Edilberto López Cruz, exintegrante de la desaparecida Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), quien renunció a su cargo el 10 de junio de 2004 al percibir que no mostraba voluntad de hacer justicia.

El 12 de junio de 2005, López Cruz concedió una entrevista al periodista Jorge Carrasco Araizaga de la revista Proceso, que se publicó en la edición número 1493. A raíz de este reportaje, las represalias jurídicas no tardaron para el abogado penalista.

Entre lo expresado sobre el ya famoso halconazo del 71, se destacó que era necesaria la acumulación de las investigaciones ministeriales sobre las matanzas de 1968 y 1971, toda vez que los sujetos activos como pasivos eran los mismos.

El también maestro en ciencias penales y criminología, Edilberto López, agregó que el cuerpo del delito de genocidio sí se acreditaba. Pero por el hecho de haber separado las averiguaciones sobre el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, hacía imposible acreditar la Probable Responsabilidad de los culpables. Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolvería el fondo relativo al delito de genocidio, ya que iba a esperar a que los Tribunales Federales resolvieran en relación del mismo.

Pronosticó que serían absueltos los activos implicados en el delito de genocidio. Por último, explicó que otro delito acreditable era la desaparición forzada. Pero la FEMOSPP decidió resolver por privación ilegal de la libertad.

- Licenciado, ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo desde su renuncia a la Fiscalía?

- El tiempo me ha dado la razón, en el 2005, como bien señalas, externé mi opinión jurídica relativa al delito de genocidio que pretendía resolverse por nuestros máximos juzgados nacionales. Cada una de mis aseveraciones respecto al caso fueron tomando vida y se hicieron evidentes cuando los magistrados fallaron en los términos justo como los precisé.

- Tengo entendido que ha sido objeto de persecuciones, de hostigamiento… Y todo, por lo que declaró a Proceso.

- Así es, he sido confinado a una especie de muerte civil. He experimentado el allanamiento de mi domicilio familiar y laboral por gente vestida de negro y que nunca dejó de mostrar que se encontraba armada. Fui intimidado verbalmente y amenazado con ser responsable de todo aquello que le sucediera a mis familiares. Conocí la persecución y el más articulado sistema de difamación en mi contra, como lo acredita el boletín número 620 del 13 de junio de 2005 y la conferencia de prensa donde se informó que la Fiscalía quería denunciarme penalmente. No dejaron de descalificar mis razonamientos y negaron que fuera el responsable de ofrecer los argumentos jurídicos para elaborar el pliego de consignación del 10 de junio.

Continuó relatando López Cruz: Se me degradó a simple comisionado por la PGR a la oficina del Fiscal Especial como asistente del Ministerio Público de la Federación, versión más alejada de la verdad, pues mediante el oficio FEMOSPP/DGIM B/299/2004, con fecha del 28 de mayo del 2004, se hizo de mi conocimiento que en relación a la averiguación PGR/FEMOSPP/011/2002, debía realizar el análisis y estudio de los tomos I al VII, para acreditar los elementos contenidos en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. Este oficio incluyó copias para Ignacio Carrillo Prieto, Fiscal Especial.

- ¿Cuál es su sentir en este aniversario sobre lo ocurrido en 1971?

- Me es grato ver cómo con el tiempo, la certeza de mis argumentos jurídicos se vieron respaldados bajo el criterio de los involucrados (…) toda vez que el magistrado Jesús Guadalupe Luna tuvo por acreditado el delito de genocidio y sin embargo, exoneró al expresidente Luís Echeverría. Haber sido parte de este devenir histórico me ha dejado un grato sabor de boca pero a la vez uno muy amargo. Como profesional me siento pleno y satisfecho al haber conservado mis ideales y mis convicciones. Como ser humano he tenido que pagar un precio muy alto, la muerte de mi compañera en circunstancias inexplicables fue un golpe inesperado. Sigo pensando en el exilio y muy posiblemente me ausente del país.

 

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